El Concejo de Regidores de Santo Domingo Oeste ha declarado ilegal la solicitud del alcalde Francisco Peña de obtener una licencia abierta por un periodo de dos años. Los regidores argumentaron que esta petición infringe la Ley 176-07, que establece que las ausencias de los funcionarios municipales deben contar con autorizaciones individuales y específicas para cada caso. Esta normativa busca garantizar la responsabilidad y la transparencia en la gestión pública, principios que son fundamentales para la fiscalización municipal.

Durante la sesión, los miembros del concejo expresaron su preocupación por el precedente que podría sentar la aprobación de una licencia de tal magnitud. La decisión del alcalde de solicitar una licencia general en lugar de una por cada ausencia generó un intenso debate entre los regidores, quienes enfatizaron que la ley está diseñada para evitar abusos en el ejercicio del poder y asegurar que los ciudadanos cuenten con la representación que merecen. De esta manera, el concejo reafirma su compromiso con la legalidad y la ética en el servicio público.

La reacción de los regidores también refleja el clima de tensión que se vive en la administración municipal, donde las relaciones entre el alcalde y su equipo de trabajo han sido objeto de críticas. Algunos regidores consideran que la solicitud de licencia por parte de Peña podría interpretarse como un intento de eludir sus responsabilidades. En este sentido, la decisión del concejo no solo es una cuestión legal, sino también un mensaje claro sobre la importancia de la rendición de cuentas en la gestión pública.

Por su parte, el alcalde Francisco Peña ha manifestado su desacuerdo con la resolución del concejo y ha anunciado su intención de apelar la decisión. Asegura que su solicitud responde a la necesidad de atender asuntos personales que requieren su atención fuera del país. Sin embargo, la situación ha suscitado un debate más amplio sobre la regulación de las ausencias de los funcionarios y la necesidad de establecer mecanismos que fortalezcan la gobernanza y la confianza pública en las instituciones locales.