La organización Participación Ciudadana ha manifestado su postura en defensa de la vigencia del nuevo Código Penal, el cual está programado para entrar en vigor en agosto de este año. A pesar de reconocer las debilidades que han sido identificadas en el texto legal, la entidad sostiene que no sería conveniente solicitar una prórroga en su implementación. Según sus representantes, es vital que la ley se aplique en la fecha estipulada, ya que esto permitirá abordar las falencias a través de un proceso de corrección continua en lugar de posponer su aplicación.

Durante una conferencia de prensa, los voceros de Participación Ciudadana argumentaron que la prórroga podría resultar en una falta de responsabilidad ante un sistema de justicia que necesita ser fortalecido. En este sentido, enfatizaron que la dilación en la entrada en vigor del nuevo Código Penal podría generar un vacío legal que perjudicaría tanto a las víctimas como a los operadores de justicia. Por ello, abogan por un enfoque proactivo que permita ajustar y mejorar la ley mientras se lleva a cabo su aplicación.

Además, la organización hizo hincapié en la importancia de involucrar a la sociedad civil en el proceso de revisión del nuevo Código Penal. Sostienen que la participación activa de los ciudadanos en la discusión y evaluación de la legislación es fundamental para lograr un sistema penal más justo y equitativo. Este compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas es visto como un pilar esencial para mejorar la confianza en las instituciones judiciales y garantizar que se escuchen todas las voces afectadas.

Por último, Participación Ciudadana instó a las autoridades a priorizar la formación y capacitación de los agentes del sistema de justicia en relación con las nuevas disposiciones del Código Penal. Consideran que este paso es crucial no solo para una correcta aplicación de la ley, sino también para mitigar los riesgos asociados a las debilidades identificadas. De esta manera, la organización reafirma su compromiso con la justicia y su disposición a colaborar en la construcción de un marco legal más robusto y efectivo.