El Instituto de Auxilios y Viviendas cumplió de manera formal con sus compromisos financieros al otorgar más de dos millones de pesos en concepto de indemnizaciones destinadas a un total de 590 exservidores públicos. La importante entrega estuvo encabezada por el administrador general de la institución, Elsido Díaz Bueno, quien destacó la relevancia de honrar los derechos laborales acumulados por estos ciudadanos durante su paso por la administración pública en la República Dominicana.

Durante la misma jornada institucional, el funcionario aprovechó la ocasión para presentar un balance detallado acerca de su gestión al frente de la entidad durante los primeros dieciocho meses de administración. En su alocución, Elsido Díaz Bueno puso de relieve los logros alcanzados en materia de transparencia, los procesos de modernización institucional implementados y la ampliación de los programas de asistencia social dirigidos a todos los ciudadanos que lo necesitan.

La ejecución de estos pagos ha generado diversas reacciones positivas dentro del ámbito laboral y administrativo del sector público, al interpretarse como una muestra fehaciente de responsabilidad institucional y respeto a las normativas vigentes. Diversos sectores han valorado el hecho de que el INAVI priorice la liquidación de estos compromisos pendientes, consolidando un precedente favorable en la gestión de los recursos humanos del Estado dominicano.

Con esta acción, la dirección del INAVI reafirma su compromiso de continuar optimizando los procesos administrativos y garantizando el bienestar de los trabajadores que han dedicado años de servicio al país. Se espera que la institución mantenga este ritmo de rendición de cuentas y cumplimiento financiero durante el resto de su gestión orientada al fortalecimiento institucional.

Para el cierre de este ciclo administrativo, las autoridades del INAVI reiteraron su disposición de seguir trabajando bajo los principios de eficiencia y equidad social. Las proyecciones indican que la entidad continuará implementando mejoras significativas en sus servicios y en la atención a las demandas de los exempleados estatales.