El sector judicial dominicano enfrenta un periodo de marcada tensión institucional tras las recientes declaraciones emitidas por el presidente de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surum Hernández, quien ha señalado directamente al Gobierno de orquestar maniobras para lograr el control absoluto de la alta corte. Durante su intervención pública, el abogado y defensor de la institucionalidad criticó con firmeza el proceso actual de evaluación en la justicia, advirtiendo que estas acciones buscan desplazar de manera sistemática a los magistrados independientes que actualmente ejercen funciones fundamentales dentro del aparato judicial del país.

Esta situación de presunta interferencia oficialista ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad civil y la clase jurídica nacional, quienes observan con profunda preocupación el desarrollo de los acontecimientos. La trayectoria de la Fundación Primero Justicia ha estado históricamente ligada a la vigilancia del estado de derecho y a la exigencia de transparencia en los nombramientos públicos, por lo que estas advertencias cobran un peso significativo al analizar el equilibrio de poderes y la separación de funciones establecida en la Constitución de la República Dominicana.

Las repercusiones de estas denuncias no se han hecho esperar, generando intensos debates tanto en los pasillos de los tribunales como en los espacios de opinión pública y redes sociales. Diversos analistas políticos y representantes de gremios profesionales han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo logre configurar una Suprema Corte a su entera imagen y semejanza, lo cual socavaría gravemente la confianza ciudadana en la imparcialidad de las decisiones judiciales y en la democracia dominicana.

Ante este panorama incierto, las organizaciones firmantes y los líderes de opinión exigen mayor apertura, rigor y veeduría ciudadana en los procesos de evaluación y selección de las altas instancias judiciales. Se espera que en los próximos días surjan nuevas reacciones oficiales por parte de los funcionarios gubernamentales aludidos, mientras la opinión pública permanece vigilante ante un conflicto que podría definir el futuro institucional y la independencia del sistema de justicia en los próximos años.