La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido una enérgica denuncia exigiendo la intervención inmediata de las autoridades competentes para frenar los constantes abusos, cobros irregulares y la ocupación ilegal de espacios públicos que se registran en las playas de Juan Dolio. Esta situación restrictiva ha generado un clima de malestar generalizado entre los bañistas, residentes locales y visitantes nacionales e internacionales que desde hace tiempo acuden a esta importante zona turística de la provincia San Pedro de Macorís buscando esparcimiento gratuito y en libertad.

El problema de la privatización encubierta y el usufructo irregular de los litorales en Juan Dolio no es un hecho aislado, sino una problemática recurrente que ha venido afectando el libre tránsito y el disfrute de los bienes de dominio público en el litoral costero de la República Dominicana. Diversas organizaciones comunitarias y defensores de los derechos ciudadanos han señalado en repetidas ocasiones que la colocación arbitraria de vallas, negocios informales y el cobro de tarifas no autorizadas por el acceso a la arena limitan el derecho constitucional de la ciudadanía a acceder libremente a las playas del país.

La denuncia formal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha provocado reacciones inmediatas en diversos sectores de la sociedad, generando un amplio debate público sobre la falta de fiscalización y control efectivo por parte de los ministerios y ayuntamientos encargados de velar por el orden en los polos turísticos. Ciudadanos a través de las plataformas digitales y organizaciones sociales han respaldado el llamado de la entidad, exigiendo que se sancione a los infractores y se devuelva la tranquilidad a una de las playas más emblemáticas de la región este.

Ante este panorama, se espera que en los próximos días las instituciones gubernamentales correspondientes, incluyendo el Ministerio de Turismo y las autoridades municipales, implementen operativos de fiscalización y desmantelamiento de las estructuras ilegales que operan en la zona. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reiterado que se mantendrá vigilante para garantizar que se restituyan los derechos de la ciudadanía y se preserve el carácter público de las playas dominicanas.