El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha emitido una sentencia que ordena a la Policía Nacional el pago de una suma adicional de 2.8 millones de pesos a favor de Dulce María Lora Solís, viuda del general de brigada José Antonio Feliciano Castillo. Esta nueva sanción económica responde directamente al incumplimiento y desacatamiento continuo de resoluciones previas emitidas por la alta corte, las cuales exigían la regularización y el ajuste correspondiente de la pensión militar del oficial fallecido.

El dilatado conflicto legal se originó cuando la institución del orden omitió la ejecución formal de una orden militar decretada en el año 2007, la cual reconocía de manera oficial el rango del general. Tras una década de reclamos administrativos y judiciales sin respuestas satisfactorias, el militar falleció en el año 2020, heredando su cónyuge la lucha legal. Con la persistente negativa de la entidad policial a acatar los mandatos judiciales, los magistrados impusieron astreintes o sanciones pecuniarias diarias por cada día de retardo en el cumplimiento de la ley.

Como resultado acumulado de estas penalidades por el retraso judicial, la deuda total que la Policía Nacional se ve obligada a desembolsar asciende actualmente a más de 6.4 millones de pesos para indemnizar a la demandante. Este caso ha generado profundas discusiones en el ámbito jurídico nacional sobre la responsabilidad del Estado y sus dependencias armadas frente al respeto irrestricto de las decisiones emanadas por el máximo órgano de garantías constitucionales del país.

La decisión del Tribunal Constitucional marca un precedente significativo en cuanto a la ejecución de sentencias en contra de instituciones estatales que muestran resistencia a cumplir con los derechos adquiridos de sus miembros y familiares. Se espera que en los próximos días las autoridades competentes de la Policía Nacional procedan a la liquidación de la deuda acumulada para evitar mayores consecuencias legales y administrativas para la cúpula de la institución.