Un informe detallado sobre el desempeño legislativo en el Senado de la República reveló que los legisladores ampararon un total de 103 inasistencias mediante excusas formalmente escritas a lo largo de 26 sesiones ordinarias. Ninguna de estas ausencias fue catalogada como injustificada, un mecanismo que permitió a los parlamentarios evadir cualquier tipo de sanción disciplinaria o descuento salarial. Esta situación evidencia una seria falencia en los controles internos del hemiciclo y en los mecanismos institucionales orientados a garantizar la presencia regular de los representantes provinciales en los debates normativos.

El reporte coloca al senador Félix Bautista a la cabeza de las faltas registradas, habiendo tramitado un total de 11 excusas durante el período analizado. Le siguen de cerca el legislador Héctor Acosta, con 10 ausencias justificadas, y la senadora Ginette Bournigal, quien acumuló 8 faltas. Pese a que el reglamento senatorial estipula de forma explícita que la Comisión Permanente de Ética debe fiscalizar e investigar las inasistencias reiteradas de los congresistas, el órgano no celebró ni una sola reunión de seguimiento en dicho lapso. En contraposición a esta dinámica, tan solo siete legisladores mantuvieron una asistencia perfecta mientras la totalidad del hemiciclo continuó percibiendo sus sueldos y viáticos reglamentarios.

Las revelaciones han desatado duras críticas por parte de diversos sectores de la sociedad civil y observadores políticos, quienes denuncian la falta de transparencia y rigor en la labor del Congreso Nacional. Diversas voces en plataformas digitales y medios de comunicación han cuestionado la permisividad del sistema institucional para validar justificaciones de forma automática sin verificar su veracidad o gravedad. La ciudadanía ha manifestado su descontento ante lo que percibe como un privilegio injustificado frente a las exigencias laborales que afrontan los trabajadores dominicanos en el sector público y privado.

Ante este escenario, la demanda popular por reformas profundas en el régimen disciplinario de las cámaras legislativas continúa en aumento. Diversas organizaciones orientadas a la fiscalización del Estado instan al Congreso Nacional a reactivar de inmediato la labor investigativa de la Comisión Permanente de Ética y a establecer criterios más estrictos para la aprobación de licencias. Se espera que en el próximo período legislativo se abra un debate institucional sobre la fiscalización del trabajo parlamentario y la posible modificación de los reglamentos que rigen la asistencia de los representantes electos.