El miedo y la incertidumbre se han apoderado de la vida diaria de una ciudadana identificada como Whitney Castillo, quien alzó su voz de manera pública para denunciar que se encuentra bajo constante zozobra debido a que su ex pareja y agresor continúa en absoluta libertad. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia firme de cinco años de prisión en contra del imputado, este evade la acción de la justicia y mantiene a la víctima en un estado de vulnerabilidad extrema, exigiendo la intervención urgente de las autoridades para evitar una tragedia mayor en este caso de violencia de género.

El proceso legal que culminó con la condena de Andrés Horacio Sánchez Mota representa el resultado de un largo camino judicial emprendido por la afectada para buscar protección y sanción contra los abusos sufridos. Sin embargo, el hecho de que el sentenciado permanezca prófugo pone en evidencia las fallas en los mecanismos de captura inmediata tras emitirse un fallo definitivo, dejando desprotegida a una ciudadana que cumplió con el riguroso protocolo de denunciar formalmente a su agresor ante los tribunales del país.

La situación ha generado una profunda preocupación y múltiples reacciones en la opinión pública, donde diversos sectores de la sociedad civil exigen mayor eficiencia a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Las expresiones de solidaridad hacia Whitney Castillo no se han hecho esperar, recordandole a la ciudadanía la urgencia de fortalecer los protocolos de protección a víctimas que cuentan con órdenes de alejamiento o sentencias condenatorias firmes, pero que continúan expuestas ante la falta de ejecución de las órdenes de arresto.

Ante este panorama crítico, la víctima hace un llamado desesperado a la Policía Nacional y al Ministerio Público para que ejecuten de manera inmediata la orden de captura contra el prófugo Andrés Horacio Sánchez Mota. La expectativa generalizada se centra en que las fuerzas de seguridad desplieguen los operativos necesarios para dar con el paradero del condenado, garantizando así la integridad física de la denunciante y reafirmando el compromiso del sistema judicial con la erradicación de la violencia machista en la República Dominicana.