La Junta Central Electoral (JCE) emitió un extenso documento institucional en el cual defendió la legitimidad, pertinencia y transparencia de los viáticos y gastos de viajes al exterior realizados por sus miembros titulares. El pronunciamiento surge en respuesta a severas críticas periodísticas que cuestionaron el uso de fondos públicos en misiones internacionales. El organismo electoral rechazó de manera tajante las acusaciones sobre presuntos excesos y sostuvo que cada uno de estos desplazamientos responde a responsabilidades legales indispensables ligadas al cumplimiento de su mandato constitucional.

Como parte de los argumentos presentados, la institución puntualizó que la escala de viáticos que se aplica actualmente no fue creada ni modificada para estas misiones recientes, sino que está debidamente regulada desde el año 2005. La directiva del órgano electoral enfatizó que estas normativas internas rigen el accionar administrativo con estricto apego a las leyes y que los desplazamientos han estado orientados a áreas estratégicas como la ciberseguridad institucional y la organización técnica del voto en el extranjero, aspectos clave para garantizar la integridad del proceso democrático.

El debate generado en la opinión pública y en diversos medios de comunicación puso bajo la lupa los costos operativos de las misiones diplomáticas y de supervisión electoral fuera del territorio nacional. Frente a los señalamientos que comparan los montos gastados con el nivel de participación efectiva de los electores en el exterior, la entidad aclaró que juzgar la idoneidad de los gastos basándose únicamente en la cantidad de personas que acudieron a las urnas resulta impreciso. Explicaron que la logística y el despliegue deben ser planificados para la totalidad de los ciudadanos empadronados, independientemente del porcentaje final de abstención.

Finalmente, la administración electoral reiteró su compromiso con la transparencia y el uso eficiente de los recursos del Estado, al tiempo que reconoció la importancia del escrutinio público en la gestión gubernamental. No obstante, advirtió que la fiscalización ciudadana y periodística adquiere verdadero valor únicamente si se fundamenta en datos verificados y contextualizados de forma rigurosa. Con esta postura, el órgano busca cerrar la controversia reafirmando que continuará ejecutando las misiones internacionales necesarias para fortalecer el sistema democrático dominicano.