La sede de la Embajada de Cuba en territorio dominicano permanece bajo una estricta vigilancia y custodia por parte de miembros de la Policía Nacional, en un escenario marcado por una tensa calma en la ciudad de Santo Domingo. Esta medida preventiva de seguridad se implementa de manera rigurosa tras la disposición formal emitida por el gobierno dominicano, la cual ordena la salida inmediata de nueve funcionarios de la misión diplomática cubana junto a sus respectivos parientes y allegados directos dentro de los plazos establecidos.

De acuerdo con las informaciones oficiales provistas por las autoridades dominicanas, el grupo completo de diplomáticos y sus familiares directos cuenta con un plazo reglamentario de exactamente siete días para coordinar y hacer efectivo su retiro definitivo del suelo nacional. Esta decisión bilateral impacta directamente el funcionamiento administrativo de la delegación extranjera en el Caribe, generando un momento diplomático de alta atención para la Cancillería y los ministerios involucrados en la política exterior del país.

La presencia constante de los efectivos policiales en el perímetro del recinto diplomático busca primordialmente garantizar el orden público y resguardar las instalaciones físicas mientras se cumple el período límite establecido para la desocupación total del inmueble. Diversos sectores de la opinión pública y analistas políticos han seguido de cerca los acontecimientos en las redes sociales, debatiendo las posibles repercusiones que esta medida tendrá en las relaciones bilaterales entre ambas naciones hermanas durante los próximos meses.

Mientras transcurren las horas del plazo otorgado, se espera que las operaciones de traslado y salida del personal extranjero se desarrollen bajo estrictos protocolos de seguridad coordinados por el Ministerio de Interior y la Policía Nacional. Las autoridades locales reiteraron que se mantendrán vigilantes en los alrededores del sector metropolitano donde se ubica la legación para prevenir cualquier eventualidad y asegurar el cumplimiento pacífico de la disposición oficial dictada por el Poder Ejecutivo.