La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó formalmente el acto de traspaso de mando que posiciona a un nuevo jefe policial al frente de la institución del orden. Durante la ceremonia oficial celebrada este 18 de agosto de 2026, el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García asumió la dirección general de la Policía Nacional, tras haber sido designado de manera oficial por el Poder Ejecutivo para liderar los destinos de este organismo de seguridad ciudadana.

El nuevo director general llega a esta alta posición tras desempeñarse previamente como inspector general de la Policía Nacional, un rol dentro de la estructura interna que le ha otorgado un profundo conocimiento de los procesos y desafíos operativos de la institución. Esta designación forma parte directa de una reciente y amplia reorganización del alto mando militar y policial impulsada por el Gobierno dominicano, con el propósito fundamental de fortalecer la estrategia nacional de seguridad ciudadana y optimizar la respuesta operativa frente a la delincuencia en todo el territorio nacional.

El evento protocolar y los subsecuentes anuncios sobre la reestructuración han generado diversas reacciones y debates en la opinión pública, así como en distintos sectores sociales y políticos del país. Analistas en temas de seguridad y ciudadanos a través de las redes sociales han seguido de cerca este nombramiento, evaluando las expectativas depositadas en la nueva gestión para lograr una mayor eficiencia en el combate a la criminalidad y consolidar los procesos de reforma policial que se desarrollan actualmente bajo la supervisión de las autoridades civiles del Estado.

Con la asunción formal del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, se abre una nueva etapa institucional caracterizada por la implementación de las directrices trazadas desde el Ministerio de Interior y Policía. Se espera que en los próximos días la nueva administración anuncie directrices específicas y medidas orientadas a robustecer el patrullaje preventivo, la investigación criminal y la cohesión interna, marcando así el rumbo definitivo de las políticas públicas en materia de orden público para el presente período gubernamental.