El Poder Legislativo se encuentra ante un nuevo desafío normativo luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el histórico decreto que durante años reguló los horarios de expendio de bebidas alcohólicas. Ante este escenario, dos diputados oficialistas han presentado formalmente sendas propuestas en la Cámara de Diputados con el objetivo de llenar el vacío legal existente y establecer un marco definitivo que ordene la actividad comercial en todo el territorio nacional.

Las iniciativas presentadas por los legisladores abordan aspectos fundamentales como la implementación de un sistema riguroso de licencias comerciales, la aplicación de sanciones económicas severas para los infractores y el mantenimiento de restricciones horarias específicas, entre las que destaca el cierre de establecimientos a la medianoche de domingo a jueves. Estos proyectos legislativos buscan superar una etapa de normativas provisionales que ha regido al sector durante casi dos décadas sin una ley orgánica sólida que respalde las restricciones.

La decisión del Tribunal Constitucional y la posterior presentación de los proyectos han generado un intenso debate en diversos sectores de la sociedad, involucrando a asociaciones de comerciantes, dueños de centros de diversión y ciudadanos preocupados por el orden público y la seguridad ciudadana. Diversos actores económicos han manifestado su inquietud respecto a cómo las nuevas sanciones económicas y los controles de horarios afectarán la rentabilidad del sector nocturno, mientras que sectores comunitarios exigen un equilibrio que garantice la paz social y la convivencia armónica.

En los próximos días, se espera que las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados inicien el estudio detallado de ambas propuestas para consensuar un texto único que pueda ser sometido a votación en el hemiciclo. Con este proceso, el Congreso Nacional busca dotar al país de una legislación moderna, transparente y adaptada a los estándares constitucionales vigentes, cerrando definitivamente un capítulo de incertidumbre jurídica para el comercio formal de bebidas alcohólicas en la República Dominicana.