En el sistema judicial dominicano, los jueces dictan de manera habitual sentencias que imponen a las personas declaradas culpables la obligación de asumir el pago de las costas penales generadas durante el litigio. Esta medida de carácter económico busca formalmente que el condenado compense al erario público por los gastos procesales derivados de su enjuiciamiento, sumándose a la pena privativa de libertad. No obstante, en la práctica jurídica cotidiana, esta disposición se ha transformado en un mandato meramente simbólico que rara vez llega a ejecutarse de forma efectiva.

De acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal, estas erogaciones comprenden los recursos invertidos por el Estado dominicano para sostener el proceso sancionador, abarcando desde los salarios de agentes policiales y peritos, hasta traslados carcelarios, trámites procesales y la manutención de los imputados bajo custodia. A pesar de que el marco legal contempla este resarcimiento, las instituciones competentes casi nunca realizan la debida liquidación o inventario financiero detallado para formalizar el monto exacto exigible al término del juicio.

Especialistas y juristas dominicanos señalan que la principal traba radica en el ordenamiento constitucional, dado que la Carta Magna prohíbe de forma terminante la prisión por deudas. Al no existir una vía coercitiva que condicione la libertad al pago de estos conceptos, y considerando que la mayoría de los procesados pertenecen a sectores en situación de insolvencia económica, el Estado no cuenta con herramientas prácticas ni bienes ejecutables para materializar el cobro.

Esta combinación de insolvencia financiera, vacíos en el seguimiento administrativo y restricciones constitucionales convierte a las costas penales en una figura que permanece prácticamente como letra muerta en los tribunales del país. Mientras el debate sobre la sostenibilidad del gasto judicial persiste entre los profesionales del derecho, la administración de justicia continúa absorbiendo de manera íntegra los costos operativos de los procesos penales sin lograr recuperar los recursos invertidos.