El nuevo director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, ha emitido una disposición de carácter obligatorio que exige a todos los funcionarios de la institución presentar su declaración jurada de patrimonio en un plazo máximo de treinta días contados a partir de la fecha. Esta medida administrativa busca garantizar la transparencia en el manejo de los recursos y fortalecer los mecanismos de control interno dentro de las filas policiales, cumpliendo estrictamente con las normativas legales vigentes en la República Dominicana y los lineamientos de rendición de cuentas exigidos a los servidores públicos.

La directriz contempla consecuencias drásticas e inmediatas para aquellos oficiales que desobedezcan la instrucción oficial establecida mediante un memorándum interno. Quienes incumplan con este mandato de ley quedarán destituidos de sus funciones de manera automática y enfrentarán los consiguientes procesos disciplinarios según los reglamentos institucionales. Esta decisión del mayor general subraya el compromiso de las autoridades con la probidad administrativa y marca una línea directa de exigencia ética para los mandos superiores de la fuerza pública en el país.

Diversos sectores de la sociedad civil y analistas en temas de seguridad han reaccionado positivamente ante la medida, destacando la necesidad de transparentar las operaciones y el patrimonio de quienes ocupan cargos de alta responsabilidad en el orden público. En las plataformas digitales y medios de comunicación, la decisión ha generado un amplio debate sobre la importancia de fiscalizar los bienes de los funcionarios estatales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la agenda nacional durante la presente semana en la República Dominicana.

Con este mandato de estricto cumplimiento, la jefatura de la Policía Nacional establece un precedente en la supervisión administrativa de sus miembros, esperando que la totalidad de los convocados cumpla con el trámite legal antes del vencimiento del plazo estipulado. Las autoridades han reiterado que no habrá excepciones ni prórrogas adicionales, por lo que la oficialidad deberá someterse a los procesos de fiscalización financiera bajo la supervisión de los organismos competentes del Estado dominicano.