El ciudadano Inosencio Belén González, quien era buscado activamente por las autoridades policiales, decidió entregarse formalmente ante la División de Investigación Criminal en Cotuí. El individuo es acusado formalmente de haberle quitado la vida a tiros a su excompañera sentimental, identificada como Aurelina Valdez García, así como de haber ocasionado heridas de consideración a la madre de esta durante un violento incidente ocurrido en el municipio de Yamasá. Durante el procedimiento de entrega, los agentes policiales procedieron a ocuparle un revólver junto a varias cápsulas, poniéndolo de inmediato bajo la disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes mientras avanzan las pesquisas.

Este trágico hecho de sangre, que cobró la vida de una joven madre de tres hijos, tuvo lugar específicamente en la comunidad rural de Cuesta del Jobo, perteneciente a la provincia Monte Plata. De acuerdo con los datos recabados en la zona, el suceso desató una profunda consternación entre familiares, vecinos y allegados, quienes señalaron la existencia de antecedentes marcados por celos enfermizos y un constante acoso por parte del agresor hacia la víctima. Testimonios cercanos a la fallecida revelaron que el victimario la había amenazado en reiteradas ocasiones con matarla si se negaba a continuar con la relación sentimental.

La gravedad de este feminicidio ha generado un fuerte repudio y consternación en la opinión pública, reavivando el debate sobre la urgente necesidad de erradicar la violencia de género en el país. Diversos sectores de la sociedad y organizaciones comunitarias han manifestado su indignación a través de las redes sociales, exigiendo a la justicia dominicana que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable para evitar que este crimen quede en la impunidad. El impacto de la tragedia pone de relieve una vez más las devastadoras consecuencias del ciclo de violencia machista que afecta a numerosas familias dominicanas.

Tras su entrega formal, el imputado permanecerá bajo custodia policial mientras se espera que el Ministerio Público proceda con la instrumentación del expediente acusatorio para solicitar la imposición de medidas de coerción ante los tribunales correspondientes. Las autoridades judiciales continuarán con el curso de las investigaciones para esclarecer todos los detalles de este lamentable suceso, garantizando el debido proceso legal mientras la comunidad de Yamasá y los dolientes de la víctima exigen una respuesta firme del sistema de justicia.