La Fundación Institucionalidad y Justicia expresó recientemente su profunda preocupación ante la creciente tendencia de incumplimiento y falta de acatamiento de los fallos emitidos por los máximos tribunales de la República Dominicana. Esta situación fue denunciada formalmente por la entidad, la cual advirtió que ignorar las resoluciones judiciales vulnera de manera directa el ordenamiento jurídico y socava la autoridad de los órganos encargados de impartir justicia en el territorio nacional.

El respeto a las decisiones emanadas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional representa uno de los pilares fundamentales para la estabilidad de cualquier Estado social y democrático de derecho. Desde su rol de veeduría y análisis legal, la Finjus recordó que las autoridades públicas tienen el deber constitucional e ineludible de garantizar la ejecución efectiva de cada sentencia, independientemente de la naturaleza del caso o de las partes involucradas en los procesos litigiosos.

Diversos sectores de la sociedad civil y expertos en derecho han manifestado su respaldo a las advertencias emitidas por el organismo, señalando que la inobservancia de los mandatos judiciales genera un clima de incertidumbre jurídica que afecta la inversión y la convivencia pacífica. A través de debates públicos y pronunciamientos en distintos foros, se ha enfatizado que la debilidad en la ejecución de los fallos erosiona progresivamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

Para superar esta problemática, la entidad jurídica hizo un llamado enérgico a todos los poderes públicos y a los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley para que adopten los mecanismos necesarios que garanticen la seguridad jurídica. Se espera que en el transcurso de los próximos meses se fortalezcan los protocolos de supervisión institucional para asegurar que ninguna sentencia quede sin efecto, preservando así el principio de legalidad en la nación.