El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva en la Oficina Oval para cambiar de manera oficial el nombre del lago Ontario a lago América dentro del sistema estadounidense de denominaciones geográficas. El mandatario aseguró que llevaba mucho tiempo pensando en esta modificación, la cual formaliza una amenaza lanzada previamente a través de redes sociales tras un intercambio de declaraciones con el jefe de Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, en el marco de una disputa comercial y diplomática con el país vecino.

Esta decisión administrativa guarda similitudes con la medida adoptada el año pasado por la administración estadounidense para renombrar el Golfo de México como Golfo de América, habiendo mencionado el propio presidente la posibilidad de evaluar futuros cambios de nombres en océanos como el Atlántico o el Pacífico. La tensión con Canadá se ha intensificado desde su regreso a la Casa Blanca, periodo durante el cual el mandatario ha formulado críticas hacia las políticas comerciales y la gestión de sus representantes, sugiriendo incluso que el aliado histórico debería convertirse en un estado adicional de Estados Unidos, además de proponer aranceles significativos a productos extranjeros.

En cuanto al impacto geográfico y operativo del decreto, el cambio de nombre afecta a un cuerpo de agua compartido en cuya frontera convergen la orilla norte de la provincia canadiense de Ontario y la orilla sur del estado de Nueva York, siendo el más pequeño de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica. Las fuentes presentan discrepancias en cuanto a la inmediatez y alcance del decreto: mientras que algunas referencias señalan que la orden establece un cambio inmediato y que el nombre debe reflejarse en un plazo de 30 días en mapas, contratos y documentos de agencias federales, otras especifican que el mandatario no posee la autoridad jurídica para obligar a Canadá a adoptar la nueva denominación en su territorio.

Para materializar la directriz, el documento instruye al Secretario del Interior, en coordinación con la Junta de Nombres Geográficos, a ejecutar las acciones requeridas para actualizar el Sistema de Información de Nombres Geográficos y asumir los costos editoriales pertinentes con fondos del departamento. Asimismo, el texto gubernamental aclara que la medida se aplica conforme a la legislación vigente sin generar derechos exigibles contra el gobierno federal, mientras que hasta el momento los reportes indican que no se ha registrado una reacción oficial por parte del gobierno canadiense o de las autoridades provinciales de Ontario tras la firma del decreto.