El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejecutó este sábado una intervención en un complejo compuesto por nueve edificaciones levantadas de manera irregular en la zona de protección de treinta metros del río Yaque del Norte, específicamente en la localidad de La Guázara, ubicada en Jarabacoa. Las inspecciones realizadas durante el operativo coordinado por la Dirección de Fiscalización Ambiental, con el respaldo operativo de la Policía Nacional, el Ejército de la República Dominicana y el Servicio Nacional de Protección Ambiental, permitieron verificar que seis de estas construcciones se situaban en la parte frontal del terreno, llegando a estar prácticamente sobre la misma ribera del afluente, mientras que las tres restantes se localizaban a una distancia aproximada de 21.3 metros del cauce.

Durante la jornada de inspección se presentaron los representantes legales del propietario del proyecto inmobiliario, con quienes las autoridades sostuvieron conversaciones que concluyeron en la firma de un acta para el decomiso voluntario de cinco de las edificaciones frontales a favor del Ministerio de Medio Ambiente. Este conjunto de inmuebles abarca una edificación principal de dos niveles provista de ocho habitaciones destinadas a un proyecto de índole hotelero, una construcción anexa de dos plantas, un par de gazebos laterales de dos niveles cada uno, además de otra estructura complementaria que también cuenta con dos plantas.

La decisión de no ejecutar demoliciones inmediatas obedeció a estrictas razones técnicas orientadas a prevenir que escombros, lodos, varillas u otros materiales de construcción cayeran de forma directa sobre las aguas del Yaque del Norte, lo cual habría representado un riesgo ambiental significativo que pudiese perjudicar las actividades recreativas y ecoturísticas que se desarrollan en el cuerpo de agua. Ante esta situación, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, reafirmó la postura institucional de aplicar una tolerancia cero ante cualquier ilícito ambiental que vulnere los recursos naturales, recalcando la misión de proteger los bosques, los ríos, las áreas protegidas y hacer cumplir la legislación vigente.

El expediente administrativo acumulado contra el proyecto detalla que la obra ya contaba con actuaciones previas que incluían inspecciones formales, órdenes de cese y paralización de labores, así como una sanción económica ascendente a 138,600 pesos dominicanos, la cual no constituyó de ninguna manera un permiso para continuar con las obras ni subsanó las infracciones ambientales detectadas. La institución enfatizó que el actual entendimiento y la entrega de las infraestructuras tampoco representan una autorización ambiental ni regularizan las edificaciones ilegales, por lo que se mantiene una prohibición absoluta sobre la realización de nuevas construcciones, ampliaciones o modificaciones en todo el complejo mientras se completa el proceso formal.

Como parte de los pasos administrativos futuros, las cinco estructuras confiscadas permanecerán bajo la custodia oficial del Ministerio, entidad que llevará a cabo evaluaciones técnicas rigurosas para definir sus condiciones estructurales y valorar su posible aprovechamiento en programas de beneficio comunitario o ecoturístico. Los plazos formales y las obligaciones definitivas quedarán establecidos en un acuerdo que formalizarán los representantes legales de la institución y el apoderado del propietario, dándole un seguimiento continuo al cumplimiento de estas normativas protectoras de la ribera.