Un reciente informe presentado de manera conjunta por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Poder Judicial revela que, a pesar de los importantes avances en la capacidad de respuesta y digitalización del sistema judicial dominicano, todavía existen obstáculos significativos que dificultan el acceso de la ciudadanía a los servicios legales. Durante el evento llevado a cabo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Ana María Díaz, representante residente del organismo internacional, junto con la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, destacaron que el sistema cuenta con una capacidad resolutiva promedio del noventa y cuatro punto nueve por ciento y ha procesado digitalmente millones de documentos.

El estudio titulado Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana detalla que los principales factores que limitan a las personas para iniciar o mantenerse en un proceso judicial incluyen el nivel de ingresos, el lugar de residencia, el nivel educativo, el género y las habilidades digitales de los ciudadanos. La investigación subraya que la eficiencia del sistema y la implementación de servicios electrónicos, los cuales abarcan aproximadamente el sesenta y seis por ciento de los trámites, deben complementarse con medidas inclusivas que consideren las distintas realidades territoriales y eviten que menos expedientes se interpreten erróneamente como una disminución real de los conflictos.

Las repercusiones de estas limitaciones impactan de forma directa la estabilidad de las personas y de sus familias, dado que las decisiones y demoras judiciales influyen directamente sobre el empleo, los ingresos, la vivienda, el patrimonio y los negocios. Ante esta situación, la investigación enfatiza la urgencia de fortalecer la protección y el acompañamiento especializado para poblaciones en situación de vulnerabilidad, tales como las mujeres víctimas de violencia, los niños, las niñas, los adolescentes y las personas con discapacidad, además de mejorar la escucha activa y el trato respetuoso por parte del personal judicial.

Para cerrar estas brechas, el documento plantea ocho hallazgos fundamentales y un total de once recomendaciones concretas vinculadas al Plan Decenal Justicia del Futuro 2034. Entre las acciones sugeridas se encuentran ampliar los servicios en zonas con mayor necesidad, emplear un lenguaje sencillo, fortalecer la conciliación y la mediación, y mantener mecanismos de atención presencial para quienes carecen de acceso a herramientas digitales.

Finalmente, el informe concluye que el desafío institucional consiste en traducir los logros tecnológicos en un impacto real sobre la vida cotidiana de la población, preparando simultáneamente al sistema de justicia para afrontar retos emergentes como los conflictos ambientales y las consecuencias del cambio climático, asegurando así una justicia accesible, oportuna y cercana para todos los sectores del país.