El Poder Ejecutivo emitió el miércoles 2 de septiembre el Decreto 615-26, mediante el cual el presidente Luis Abinader declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad del Estado la prevención, detección, investigación y combate del denominado terrorismo medioambiental. Ante esta disposición, el Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas, así como distintos legisladores del Congreso Nacional, manifestaron su respaldo a la medida, aunque advirtieron unánimemente que su verdadera efectividad dependerá de la aplicación estricta y de la materialización de resultados concretos frente a las agresiones que sufren los recursos naturales del país.

El contexto de esta normativa surge tras diversos incidentes de destrucción ambiental, tales como incendios recientes en la Sierra de Bahoruco y daños reportados en zonas como Valle Nuevo, Bucanyé, Isla Catalina, el Cinturón Verde de Santo Domingo, Loma Quita Espuela, Boca de Yásica, humedales, manglares y dunas costeras. Frente a esto, el senador Antonio Marte señaló que la disposición no debe quedarse únicamente en el papel y advirtió sobre la posible participación de funcionarios y empleados gubernamentales que ordenarían irregularidades para obtener beneficios económicos, además de criticar el manejo de permisos para el transporte de madera. Por su parte, la diputada Llaniris Espinal recordó que el país cuenta con normativas previas cuyo principal obstáculo ha sido garantizar su cumplimiento, mientras que el diputado Juan Medina y la viceministra Ana Emilia Pimentel defendieron la integración de nuevas tecnologías como drones y la coordinación operativa con el Servicio Nacional de Protección Ambiental.

La medida gubernamental establece la creación de una Política Nacional de Prevención y Combate y articula a organismos ambientales, de seguridad, inteligencia y persecución penal para proteger activos ecológicos estratégicos como áreas protegidas, cuencas hidrográficas, acuíferos e infraestructuras de agua y energía. No obstante, el decreto aclara explícitamente que la figura del terrorismo medioambiental no constituye la creación de un nuevo tipo penal ni modifica las infracciones ya contempladas en la legislación dominicana, sino que se apega a los elementos previstos en las normas penales vigentes. El impacto directo de la disposición recae sobre los infractores de los ecosistemas, buscando frenar tanto a los autores materiales como a quienes financian o autorizan las intervenciones ilegales.

En cuanto al estado actual de la situación, el Observatorio de Políticas Ambientales enfatiza que las investigaciones judiciales no deben limitarse a los ejecutores directos como jornaleros o conductores, sino extenderse hacia los propietarios, financiadores y beneficiarios, sin importar su fortuna, rango o influencia política, militar o económica. Para que el decreto funcione como un mecanismo operativo real, el organismo propone fijar responsables, plazos, presupuestos, indicadores, herramientas de trazabilidad financiera, mecanismos de denuncia y veeduría científica ciudadana. Paralelamente, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados continúa trabajando junto al Ministerio de Medio Ambiente en proyectos adicionales como la ley sobre cambio climático.