El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y altos funcionarios del Ejecutivo solicitaron tranquilidad a la ciudadanía luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara la suspensión provisional de los convenios establecidos entre el anterior gobierno de Gustavo Petro y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes. La determinación judicial, surgida a raíz de una acción popular interpuesta contra la Cancillería, su Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional, frena temporalmente los acuerdos de fabricación conjunta y prohíbe de manera momentánea la distribución y personalización de los documentos mediante este mecanismo, además de suspender los pagos correspondientes.

Esta controversia tiene profundos antecedentes que se remontan a 2023, cuando la administración de Petro decidió finalizar la adjudicación histórica del contrato a la empresa Thomas Greg & Sons. El conflicto escaló en 2024 tras una adjudicación temporal por parte de la Cancillería que derivó en el rechazo del entonces presidente y en la suspensión por tres meses del canciller Álvaro Leyva por parte de la Procuraduría General debido a presunto prevaricato en la licitación. Ante este panorama, el Estado buscó independencia mediante un modelo propio gestionado por la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda portuguesa, un esquema que ahora enfrenta este nuevo revés judicial por dudas en su ejecución, falta de soportes esenciales y cronogramas incumplidos.

A pesar de la pausa impuesta por el tribunal, el Gobierno ha enfatizado que el servicio de expedición a la ciudadanía no se interrumpirá y ha instado a la población a evitar desplazamientos innecesarios a oficinas o embajadas bajo el temor de un desabastecimiento. El ministro del Interior y encargado de la Imprenta Nacional, Rodrigo Lara Restrepo, junto con el canciller Omar Bula, detallaron que el país cuenta actualmente con un inventario de 410.000 pasaportes disponibles frente a un consumo mensual aproximado de 150.000 documentos, lo que asegura una cobertura inicial de cuatro meses.

Para robustecer este margen operativo, las autoridades confirmaron que el próximo 10 de septiembre está prevista la llegada de un lote adicional de 190.000 pasaportes. Asimismo, la administración central ha indicado que respetará las determinaciones de los jueces y que presentará solicitudes de aclaración al tribunal dentro del plazo de 20 días hábiles establecido, con el propósito de evaluar las alternativas técnicas y jurídicas adecuadas que permitan cumplir con los requerimientos legales sin afectar el servicio a los ciudadanos.