La Republica Dominicana obtuvo una decision enteramente favorable en el proceso de arbitraje internacional promovido por el ciudadano frances Yves Martine Garnier, amparado en el acuerdo de promocion y proteccion reciproca de inversiones suscrito entre Francia y la Republica Dominicana en el ano 1999. Mediante un laudo emitido el 19 de agosto de 2026, el Tribunal Arbitral rechazo por completo las pretensiones economicas del demandante, las cuales superaban los 100 millones de dolares, equivalentes a mas de 5,882 millones de pesos segun la tasa de cambio actual, evitando de esta manera que el Estado tuviera que efectuar dicho pago.

El origen de este litigio se remonta a la terminacion del contrato de concesion para la gestion y recoleccion de residuos solidos que habia suscrito el Ayuntamiento del municipio Santo Domingo Este con la empresa EGTT Dominicana, propiedad del demandante. El procedimiento arbitral habia sido iniciado oficialmente el 4 de octubre de 2021 bajo las normativas del referido acuerdo bilateral y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje con el numero de caso 2022-01, poniendo fin tras esta decision a una disputa que se extendio por casi cinco anos.

Tras el analisis de las pruebas presentadas, el Tribunal determino que la cancelacion del contrato de concesion resulto valida bajo el derecho dominicano, motivada por las deficiencias evidenciadas en la prestacion del servicio de recoleccion de basura por parte de la empresa de Garnier. Asimismo, la instancia arbitral concluyo que los hechos expuestos por la parte demandante no alcanzaban el umbral requerido para comprobar una violacion a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado dominicano en el tratado de inversion.

En cuanto a la defensa juridica nacional, esta fue coordinada inicialmente de manera conjunta por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes junto a la administracion municipal de Santo Domingo Este. Posteriormente se integro el Ministerio de Justicia para asumir la representacion estatal en los arbitrajes de inversion conforme a la Ley 80-25, contando ademas con la asesoria tecnica de la firma legal internacional Foley Hoag LLP desde sus oficinas en Washington, D.C.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovaton, manifesto que la defensa del Estado trasciende la proteccion del erario al representar tambien el compromiso y la seriedad con que el pais honra sus obligaciones, destacando que la nacion cumple ante los inversionistas extranjeros y defiende con firmeza sus posiciones cuando las reclamaciones carecen de fundamento. Este fallo se enmarca dentro de las acciones orientadas a salvaguardar los recursos publicos y preservar la seguridad juridica para la inversion extranjera.