La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó durante el Encuentro Industrial sobre el Nuevo Código Penal que la nación contabiliza 62 feminicidios en lo que va del año 2026. La funcionaria señaló que este indicador demuestra la imperiosa necesidad de intensificar las políticas preventivas y combatir de manera frontal la cultura machista que permea en la sociedad dominicana, aclarando que esta conclusión se sustenta en datos concretos de la realidad nacional y no en posturas ideológicas o políticas.

Durante el evento organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la titular del Ministerio Público detalló estadísticas preocupantes que rodean estos crímenes, puntualizando que el 25 por ciento de los agresores se quita la vida tras perpetrar el hecho. Asimismo, indicó que el 89 por ciento de las mujeres que perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas nunca habían presentado denuncias previas por situaciones de violencia ante las autoridades competentes, un factor que refuerza la urgencia de actuar en las etapas tempranas del conflicto.

Esta problemática de violencia se ve reflejada también en el volumen general de denuncias procesadas por el sistema judicial, ya que durante el año 2025 se recibieron 73,000 querellas vinculadas a casos de violencia de género, intrafamiliar y sexual. Además, la magistrada expuso ante los industriales otros aspectos del nuevo marco normativo penal, abordando tanto la tipificación de agravantes en homicidios como las disposiciones orientadas a la responsabilidad penal empresarial y la prevención de delitos económicos y de extorsión.

Como parte de los siguientes pasos institucionales, las autoridades del Ministerio Público trabajan en la elaboración de un instructivo general dirigido a los fiscales que deberá estar listo antes del próximo 7 de noviembre, fecha en la que entrará en vigencia la responsabilidad penal de las empresas establecida en la legislación correspondiente. Paralelamente, la institución se mantiene coordinando programas de formación gratuita con el sector empresarial para fomentar el cumplimiento normativo y fortalecer la seguridad jurídica en el país.