Una jornada de protestas en Fráncfort, Alemania, culminó en graves disturbios que dejaron un saldo de más de cien agentes de policía heridos, uno de ellos de gravedad, y 54 personas detenidas. Los incidentes, que se extendieron durante la noche del sábado, incluyeron saqueos en cinco establecimientos comerciales y daños en un total de 17 locales. Las autoridades locales informaron que los detenidos tienen edades comprendidas entre los 13 y los 29 años, siendo la mayoría de nacionalidad alemana, aunque el despliegue policial, que contó con hasta 1.300 efectivos, tuvo que hacer frente a un grupo de entre 1.000 y 1.500 individuos violentos.

El origen de la movilización fue una convocatoria de las organizaciones juveniles GenZ-regelt y Generation Aufbruch, que buscaban exigir mayores inversiones en sectores como educación, sanidad, seguridad social y protección climática, además de manifestarse contra un posible retorno del servicio militar obligatorio. Existe una discrepancia en las cifras de asistencia reportadas: mientras la policía estima que participaron unas 8.000 personas, la iniciativa organizadora sostiene que la cifra alcanzó los 120.000 asistentes. Aunque la manifestación comenzó de forma mayoritariamente pacífica, el ambiente se tornó violento al infiltrarse grupos de extrema izquierda que atacaron a las fuerzas de seguridad con piedras, botellas y pirotecnia.

El impacto de estos actos vandálicos afectó directamente al sector comercial del centro de la ciudad, donde negocios como una tienda de ropa deportiva de la cadena Snipes y una armería fueron blanco de saqueos. En el caso de la armería, los agresores sustrajeron al menos dos armas de fuego, las cuales fueron recuperadas posteriormente por las autoridades. Ante el temor de posibles incidentes, muchos comerciantes habían blindado sus escaparates con tablones de madera antes de que iniciaran las concentraciones, las cuales también registraron episodios de violencia en otras ciudades alemanas como Berlín, Hamburgo y Colonia.

El ministro del Interior del estado federado de Hesse, Roman Poseck, calificó los hechos como una noche de violencia desinhibida y advirtió sobre una conexión peligrosa entre extremistas de izquierda y jóvenes de entornos migrantes. Las autoridades llevaron a cabo 366 controles de identidad y dictaron 1.255 órdenes de desalojo para intentar retomar el control de la situación. Actualmente, el gobierno regional mantiene una investigación abierta para esclarecer los hechos y ha enfatizado la necesidad de abordar la composición de los grupos agresores sin tabúes, mientras se mantiene un despliegue de seguridad en las zonas afectadas.