La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre la formalización de un convenio petrolero de veinticinco años con Estados Unidos, el cual tiene como meta superar una producción diaria de un millón y medio de barriles [F1, F2]. Este proyecto contempla el desarrollo de diecisiete campos estratégicos y ocho bloques verdes ubicados en la Faja Petrolífera del Orinoco, con la participación de corporaciones internacionales como Chevron, Repsol Eni, Shell y BP [F1, F2, F3]. El anuncio oficial se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara el entendimiento a través de su red social como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial, destacando que duplicará con creces las reservas de petróleo norteamericanas y reducirá los precios de la gasolina [F3].

Este convenio se alcanza siete meses después de la caída de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos que reconfiguró los nexos bilaterales entre Washington y Caracas [F2, F3]. Tras dicho acontecimiento, Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina y promovió reformas en los sectores de minería y petróleo bajo presión estadounidense para permitir la inversión extranjera [F2]. El pacto también cuenta con el respaldo político del Partido Socialista Unido de Venezuela y de altos funcionarios del gobierno norteamericano, entre los que figuran el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth [F1, F2, F3].

En el plano financiero, las autoridades proyectan que Venezuela percibirá ingresos cercanos a los doscientos nueve mil millones de dólares durante los veinticinco años de duración del acuerdo, estableciendo regalías mínimas del dieciséis por ciento e impuestos sobre la renta del treinta y cuatro por ciento [F1, F2]. La administración interina argumenta que esto se traduce en aproximadamente diecinueve dólares por cada barril producido y vendido [F1, F2]. No obstante, diversos expertos económicos han cuestionado estas cifras al señalar que el monto tributario representa un porcentaje reducido de las ganancias netas si se compara con el valor de mercado de las reservas comprometidas, estimando un beneficio fiscal promedio significativamente menor por cada barril y advirtiendo sobre la necesidad de conocer los plazos de ejecución de la inversión inicial de cien mil millones de dólares [F3].

A pesar de las críticas sobre la transparencia y la retribución económica a largo plazo, el gobierno interino defiende la vía diplomática para posicionar al país como una potencia energética y reactivar una industria paralizada durante la última década [F1, F2, F3]. Por su parte, sectores analíticos sostienen que la estabilidad y el éxito duradero de este proceso dependen de la implementación de reglas claras, el fortalecimiento del estado de derecho y la realización de elecciones libres que garanticen una gestión transparente de los recursos nacionales [F3].

Mientras las corporaciones extranjeras se preparan para operar los campos bajo la supervisión de los acuerdos firmados, quedan por esclarecer varios aspectos operativos y económicos fundamentales [F3]. Entre los puntos pendientes figuran los detalles específicos sobre el reembolso de los cien mil millones de dólares invertidos a las empresas participantes, la cronología exacta de ejecución de las cuotas de producción y la resolución de las discrepancias en torno a la verdadera proporción de las ganancias netas que efectivamente retornarán a la nación sudamericana [F3].