En todas las economías, la política tributaria busca equilibrar la recaudación de recursos para el Estado con una distribución equitativa de las cargas, procurando no desalentar la inversión, el empleo, el ahorro y la producción [F1]. Con el propósito de atender esta compleja dinámica, el Congreso Nacional de la República Dominicana aprobó la Ley número 30-26, conocida como la Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, la cual fue promulgada el 18 de junio de 2026 y modifica diversos aspectos del Código Tributario [F1, F2]. Esta normativa ha generado un amplio debate sobre la necesidad de adaptar las figuras impositivas a la realidad económica y social del país, equilibrando la recaudación con el alivio a sectores específicos [F1].

El sistema fiscal dominicano ha estado tradicionalmente sustentado en los impuestos indirectos y en los gravámenes sobre el consumo, destacando el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) como la principal fuente de ingresos para la Dirección General de Impuestos Internos, seguido por el Impuesto sobre la Renta (ISR) tanto de empresas como de personas físicas [F1]. Para dimensionar esta estructura, los registros correspondientes al ejercicio fiscal de 2025 muestran que la institución recaudó más de 913 mil millones de pesos, donde el ITBIS aportó una parte sustancial frente a montos menores recaudados por figuras patrimoniales como el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) [F1]. Asimismo, la evolución económica ha mostrado un descenso en la participación relativa de los impuestos al comercio exterior debido a los procesos de apertura comercial y reducción de aranceles, otorgando mayor peso a los tributos internos [F1].

Los cambios introducidos por la Ley 30-26 afectan directamente a los contribuyentes, combinando medidas de alivio tributario con la ampliación de bases recaudatorias y modificaciones en las retenciones [F1]. Entre las disposiciones más notables figura la actualización de la escala del Impuesto sobre la Renta para las personas físicas, manteniendo durante 2026 la exención anual de una cifra específica que posteriormente se incrementará en el ejercicio fiscal 2027, incorporando a su vez un tramo adicional del 27 por ciento para rentas muy elevadas [F1]. Estas medidas buscan corregir el desfase provocado por el aumento del costo de vida frente al umbral de exención previo, ofreciendo un respiro a los trabajadores de ingresos medios y bajos, al tiempo que se establecen mecanismos de protección orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas [F1, F2].

La normativa ha recibido una evaluación favorable por parte del Grupo Banco Mundial, cuyos representantes comunicaron al Ministerio de Hacienda y Economía su respaldo al considerar que el plan representa un avance hacia un marco fiscal más transparente, moderno y propicio para la competitividad [F2]. Las autoridades internacionales destacaron que la legislación procura salvaguardar a los hogares en situación de vulnerabilidad y fortalecer la progresividad tributaria para responder a un escenario internacional marcado por la incertidumbre, la volatilidad financiera y las presiones sobre los precios de productos básicos [F2].

Si bien la legislación introduce cambios significativos en materia de retenciones, anticipos y obligaciones fiscales, su efecto concreto dependerá del comportamiento de los contribuyentes y de la aplicación administrativa de la normativa [F1]. El Ministerio de Hacienda y Economía y los organismos internacionales mantienen el seguimiento sobre las repercusiones de estas medidas en la economía nacional, mientras el país continúa evaluando los mecanismos para consolidar un sistema tributario que combine el estímulo al crecimiento con la sostenibilidad fiscal [F1, F2].