El Septimo Juzgado de la Instruccion del Distrito Nacional otorgo este viernes una prorroga de cuatro meses al Ministerio Publico para continuar las pesquisas sobre el presunto desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud y completar la acusacion formal contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros vinculados al proceso. El juez Deiby Timoteo Peguero determino que el nuevo plazo estara vigente hasta el proximo once de diciembre, tras considerar justificada la solicitud presentada por el organo acusador durante la fase preparatoria del procedimiento legal.

Durante la audiencia, la fiscalia explico que el expediente cuenta con diversas lineas de investigacion pendientes de desarrollo, las cuales incluyen el analisis de cientos de miles de operaciones financieras, la revision de informacion sobre los investigados y la gestion de aproximadamente 15 mil cajas de documentos pertenecientes a una empresa privada cuya custodia requirio una orden de allanamiento. Asimismo, el Ministerio Publico indico que el caso se origino a partir de la Operacion Cobra para desmantelar una supuesta estructura de corrupcion que habria operado dentro de la institucion de salud publica.

Las repercusiones de este proceso judicial han afectado directamente las operaciones y el patrimonio del Seguro Nacional de Salud, debido a un esquema fraudulento que involucra a funcionarios y prestadores de servicios sanitarios. Aunque inicialmente se estimaba un fraude de mas de 15,000 millones de pesos, investigaciones posteriores apuntan a que la cifra habria superado los 19,000 millones de pesos en perjuicio de los afiliados al sistema publico de riesgos de salud.

En relacion con las medidas de coercion, el tribunal decidio rechazar los pedimentos de las defensas y ratifico la prision preventiva de 18 meses para varios imputados, incluyendo al exdirector ejecutivo Santiago Hazim Albainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Ivan Minaya Perez, German Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martinez Hazim, Ramon Alan Speakler Mateo y Angel Luis Guzman Vasquez. Por otro lado, la imputada Ada Ledesma Ubiera cumple arresto domiciliario por razones de salud, mientras que Cinty Acosta Sencion, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella enfrentan medidas que incluyen arresto domiciliario, garantias economicas e impedimento de salida del pais.

Como parte de los proximos pasos procesales, el juez fijo para el veinticinco de septiembre la lectura integra de la decision y establecio que el organo acusador tendra hasta el once de diciembre para finalizar las diligencias. La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de la Corrupcion Administrativa, Mirna Ortiz, señalo que las pesquisas permanecen activas y podrian involucrar a otras personas ademas de los imputados presentados inicialmente, cuyo alcance definitivo se conocera al momento de depositar formalmente la acusacion.