Un conjunto de asociaciones que agrupan a suplidores y oferentes del Programa de Alimentación Escolar ha manifestado su reconocimiento a la gestión que encabeza el ingeniero Adolfo Pérez al frente del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Este respaldo institucional se centra en la ejecución de los procesos de licitación para la Jornada Escolar Extendida, los cuales han sido valorados por los gremios como un ejercicio que cumple con el debido proceso y las normativas establecidas en los pliegos de condiciones.

El proceso de contratación pública en cuestión destaca por su magnitud, al contar con la participación de aproximadamente 2,644 oferentes, de los cuales 1,740 resultaron adjudicados. Entre las organizaciones que han formalizado este reconocimiento se encuentran ASODOINA, UNSAE, ASOMIRD, ASOVE, SAEMP, ASUJEMON, ASOSAEBA y ASOPROHEMI. Estas entidades representan a proveedores de diversas demarcaciones del país, quienes han señalado que, debido a la alta concurrencia en ciertas zonas, algunos oferentes que cumplieron con los requisitos técnicos fueron colocados en lista de espera.

En paralelo a estos procesos de licitación, la gestión del INABIE también ha sido objeto de defensa pública por parte de figuras del ámbito comunicacional, específicamente en relación con el desempeño de funcionarios como Amalfi Suárez. Ante situaciones técnicas registradas en la distribución de la leche escolar, se ha destacado la capacidad de respuesta y la trayectoria de Suárez en el tren gubernamental. Según estas posturas, el manejo de dichas incidencias ha sido calificado como valiente y responsable, subrayando la necesidad de respaldar a los funcionarios que muestran resultados y eficiencia en sus funciones.

El estado actual de la gestión refleja una dualidad entre el reconocimiento gremial a la transparencia en las contrataciones y la defensa de la operatividad técnica ante desafíos logísticos. Mientras las asociaciones de suplidores validan el cumplimiento de las normativas vigentes en las licitaciones, otros sectores de opinión pública enfatizan la importancia de permitir que los funcionarios ejecuten sus labores sin las presiones derivadas de cuestionamientos que, a juicio de sus defensores, ignoran la complejidad técnica de los servicios prestados por el Estado.