El estado de Nueva York ha declarado formalmente una emergencia sanitaria tras registrar un incremento sostenido en los casos de sarampión, una medida que busca contener la propagación del virus en todo el territorio. La gobernadora Kathy Hochul ha emitido una orden ejecutiva que faculta a un grupo más amplio de profesionales de la salud para administrar vacunas y solicitar pruebas diagnósticas. Esta disposición incluye ahora a paramédicos, personal de emergencias médicas avanzadas, farmacéuticos y matronas, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización y frenar la cadena de contagios.

La situación en Nueva York se enmarca en un contexto nacional preocupante, donde Estados Unidos atraviesa su peor año epidemiológico respecto a esta enfermedad desde 1991, acumulando cerca de 3,900 casos confirmados en 2026. Según datos del Departamento de Salud estatal, hasta el 3 de octubre se contabilizaron 108 casos en Nueva York, de los cuales siete fueron identificados en la ciudad y 101 en otras localidades. El senador estatal Gustavo Rivera ha señalado que este repunte es consecuencia directa de una disminución en las tasas de vacunación infantil, fenómeno que ha sido exacerbado por la propagación de desinformación sobre la seguridad de las vacunas.

El impacto de este brote es particularmente severo en el estado de Pensilvania, donde las autoridades han reportado 1,004 contagios desde que se detectó el foco infeccioso en abril pasado al oeste de Filadelfia. La gravedad de la situación en dicha jurisdicción se refleja en un saldo de 198 personas hospitalizadas y cinco fallecimientos confirmados. A nivel nacional, la tendencia al alza ha sido constante desde 2025, afectando a estados como Texas, Utah y Carolina del Sur, este último con registros cercanos al millar de infecciones.

Aunque Estados Unidos había logrado declarar la eliminación del sarampión en el año 2000 gracias a altos niveles de cobertura vacunal, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que la protección actual entre la población infantil ha descendido por debajo del 95 por ciento. Este porcentaje es considerado por los expertos como el umbral mínimo necesario para impedir la transmisión comunitaria sostenida. Ante este escenario, las autoridades sanitarias mantienen la vacunación como la herramienta principal para prevenir complicaciones graves y reducir el riesgo de mortalidad asociado a esta patología prevenible.