Un tribunal federal en Massachusetts ha dictaminado la suspensión del procedimiento utilizado por la administración del presidente Donald Trump para imponer multas diarias de hasta 998 dólares a inmigrantes que permanecen en Estados Unidos a pesar de contar con órdenes de salida. La orden, emitida por el juez de distrito George O’Toole Jr. el 30 de septiembre, bloquea la aplicación de esta normativa federal y las sanciones emitidas bajo dicho esquema después del 27 de julio de 2025, mientras el litigio legal sigue su curso en los tribunales.

La controversia se centra en una política que, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, ha afectado a más de 100,000 personas desde el inicio de 2025, generando un volumen de multas que asciende a aproximadamente 84,000 millones de dólares. El juez O’Toole cuestionó la legalidad del procedimiento, señalando que la administración probablemente incumplió los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo al modificar las reglas sin permitir un proceso adecuado de comentarios públicos y al reducir los plazos para que los afectados pudieran impugnar las sanciones.

El impacto de estas medidas ha sido calificado como devastador para los demandantes, quienes enfrentaban deudas acumuladas de hasta 1.8 millones de dólares. El magistrado destacó que muchos de los afectados se encuentran en una situación económica precaria y que la imposición de estas multas podría derivar en insolvencia, embargos de salarios, afectación del historial crediticio y la incautación de bienes personales. La Legal Aid Society, que representa a los demandantes, subrayó que entre los afectados se encuentran personas que mantienen contacto con las autoridades migratorias y que buscan activamente regularizar su estatus legal.

Aunque el fallo representa un freno significativo, es importante precisar que la resolución no elimina la totalidad de las multas migratorias. El gobierno federal aún conserva la facultad de recurrir a procedimientos previos autorizados por la ley para exigir penalizaciones. Lo que ha quedado inhabilitado es el mecanismo acelerado implementado en junio de 2025, el cual eliminaba la notificación previa de intención de multa y reducía de 30 a 15 días el periodo para presentar recursos legales, una medida que el juez consideró especialmente perjudicial para quienes deben gestionar documentos legales en un idioma distinto al suyo.