El reforzamiento de la vigilancia en la frontera terrestre entre México y Estados Unidos, mediante el despliegue de drones, sensores de movimiento y un mayor número de agentes de la Patrulla Fronteriza, ha provocado un cambio significativo en las rutas utilizadas por los migrantes. Ante la dificultad de los cruces tradicionales, muchas personas están optando por internarse en el océano Pacífico, enfrentándose a riesgos mortales como el ahogamiento, la hipotermia y las peligrosas corrientes marinas, además de la exposición a grupos criminales que controlan las zonas costeras.

Especialistas y activistas, como el antropólogo Víctor Clark Alfaro y el fundador de la Coalición SOS Migrantes, Hugo Castro, han advertido que esta presión migratoria ha trasladado el peligro al mar. Los migrantes ahora recurren a embarcaciones que navegan de noche, sin luces y con sobrecupo, lo que aumenta la probabilidad de accidentes. La situación es aprovechada por traficantes de personas, quienes cobran tarifas que oscilan entre los 6.000 y 30.000 dólares, dependiendo del servicio, e incluso exigen pagos adicionales simplemente por permitir el acceso a las playas sin ofrecer garantías de traslado seguro.

El impacto de esta crisis es profundo y afecta principalmente a familias que buscan reunirse en territorio estadounidense, a menudo tras procesos previos de deportación. Casos documentados, como el de un migrante que intentó cruzar nadando con un traje de buzo esperando condiciones de neblina, ilustran la desesperación de quienes, a pesar de los riesgos físicos y las extorsiones, mantienen el objetivo de llegar a su destino. La peligrosidad de estas rutas quedó evidenciada el pasado 16 de octubre, cuando una embarcación naufragó al oeste de Ensenada, resultando en la desaparición de 11 personas tras una operación de búsqueda de la Guardia Costera estadounidense.

Paralelamente a la crisis en la frontera, las autoridades sanitarias de Estados Unidos han implementado nuevas restricciones para los viajeros internacionales. A partir del 3 de noviembre de 2026, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades exigirán a todos los pasajeros aéreos firmar una declaración certificando que no han visitado la República Democrática del Congo en los 21 días previos a su vuelo. Esta medida, motivada por un brote de ébola, obliga a las aerolíneas a verificar el cumplimiento de este requisito bajo pena de sanciones, subrayando el endurecimiento generalizado de los controles de acceso al país por diversas vías.