El Gobierno dominicano ha procedido a la derogación del Decreto 693-24 a través de la emisión del Decreto 635-26, una medida que eliminó el régimen arancelario que funcionaba como salvaguarda frente a las importaciones de arroz provenientes de Estados Unidos. Esta decisión ha sido rechazada por el Frente Amplio, cuya presidenta, María Teresa Cabrera, calificó la acción como una muestra de subordinación ante las presiones comerciales estadounidenses, advirtiendo que la apertura abrupta del mercado coloca a la producción nacional en una situación de desventaja competitiva.

El contexto de esta medida se remonta a la implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica, conocido como DR-Cafta, vigente desde 2007. Aunque el sector arrocero ha logrado cubrir históricamente gran parte del consumo nacional, alcanzando un 95.75 % de cobertura en 2025 con una producción de 14.7 millones de quintales, los productores han enfrentado presiones constantes por altos costos operativos. Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos señalan una brecha de productividad significativa, donde el rendimiento por hectárea en el país es inferior al estadounidense, sumado a costos de producción que han escalado debido al precio de insumos y combustibles.

El impacto de esta desprotección arancelaria afecta directamente a miles de productores rurales y a una cadena productiva que genera ingresos en numerosas provincias. El Frente Amplio sostiene que la seguridad alimentaria debe ser un pilar de la soberanía nacional y cuestiona que la eliminación de aranceles garantice una reducción de precios para el consumidor final, dado que el costo del producto depende de múltiples factores como el transporte, el tipo de cambio y los márgenes de comercialización. Por su parte, el sector arrocero, representado por entidades como Fenarroz y Adofa, ha manifestado su preocupación, señalando que el arroz criollo compite principalmente por su calidad y sabor, pero requiere de políticas estatales de apoyo para subsistir frente a la competencia externa.

Ante las críticas, el ministro de Agricultura, Francisco Espaillat Bencosme, ha defendido la medida argumentando que responde a una visión de Estado y al cumplimiento de compromisos comerciales internacionales, asegurando que no representa un abandono al sector. Mientras el Gobierno enfatiza la necesidad de modernizar la producción mediante mecanización y asistencia técnica, los gremios arroceros permanecen a la expectativa de nuevas medidas de protección. El Frente Amplio ha instado al Poder Ejecutivo a presentar un plan concreto que evite el debilitamiento de la producción local, subrayando que la defensa del sector arrocero no implica oponerse a la modernización, sino garantizar la capacidad del país para producir sus propios alimentos.