El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, anunció que el Gobierno mantendrá los controles vigentes para la entrada de arroz al territorio dominicano. Esta decisión fue comunicada durante un encuentro en La Vega con representantes del sector arrocero, molineros y empresas vinculadas a la cadena productiva, tras la reciente derogación del decreto 693-24. Las autoridades aseguraron que estas medidas se mantendrán dentro del marco legal mientras se definen los términos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

La situación actual se desarrolla en un clima de debate político sobre la gestión comercial del cereal. Mientras el Ministerio de Agricultura sostiene que el proceso se llevará a cabo mediante un diálogo permanente con los actores del sector para garantizar la tranquilidad de los productores, el expresidente Leonel Fernández ha cuestionado la autoridad moral del Gobierno para encabezar estas negociaciones. Fernández atribuyó esta postura a las importaciones de arroz realizadas durante el año 2024, las cuales, según denunció, pasaron de 500 mil a seis millones de quintales, afectando la posición dominicana frente a las autoridades estadounidenses.

El impacto de estas decisiones comerciales es significativo para la economía nacional, dado que el sector arrocero involucra a unos 30,000 productores y genera un impacto directo e indirecto en aproximadamente 300,000 personas. La producción local cubre cerca del 95 por ciento del consumo nacional, lo que convierte al arroz en un pilar de la seguridad alimentaria. Ante este escenario, los productores han expresado la necesidad de contar con garantías claras para desarrollar sus actividades, especialmente frente a las ventajas competitivas y subsidios que poseen los agricultores de Estados Unidos.

El estado actual de las conversaciones se mantiene en una fase de concertación. Las autoridades y los representantes del sector arrocero han acordado permanecer en sesión permanente de trabajo para dar seguimiento a la renegociación del acuerdo comercial. Por su parte, sectores de la oposición han enfatizado que cualquier decisión sobre el futuro del sector debe ser discutida de manera participativa con los productores, molineros y comerciantes, advirtiendo que las disposiciones administrativas no pueden sustituir las obligaciones internacionales, pero deben procurar condiciones de competencia equitativas.