El Banco Central del Paraguay inició el 2 de noviembre de 2026 el procedimiento de resolución de Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 por ciento del mínimo requerido. Esta medida, que implica la disolución de la entidad, ha dejado a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas, tarjetas y servicios digitales, generando protestas y una profunda incertidumbre en el sistema financiero nacional. La crisis ha forzado la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien, pese a su dimisión, permanece temporalmente en el cargo para supervisar el proceso de intervención.

La situación ha escalado rápidamente hacia una crisis política que amenaza la estabilidad del presidente Santiago Peña. El mandatario, quien mantuvo vínculos accionarios con el Grupo Vázquez, propietario del banco, hasta marzo de 2025, enfrenta ahora un proceso de juicio político impulsado por la oposición y respaldado por el Partido Colorado, su propia organización política. El expresidente Horacio Cartes, líder del partido, y el presidente del Congreso, Basilio Núñez, han manifestado su apoyo a la destitución o renuncia del mandatario para salvaguardar la institucionalidad del país, mientras el vicepresidente de la ANR, Rodolfo Friedmann, ha solicitado formalmente la expulsión de Peña de las filas partidarias.

El impacto económico de este colapso es significativo, ya que la entidad custodiaba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, incluyendo recursos destinados a pensiones y servicios de salud del Instituto de Previsión Social. Aunque las autoridades han asegurado que el sistema de garantía protege a cerca del 97 por ciento de los depositantes, con un límite de cobertura de 228,3 millones de guaraníes por cliente, la preocupación persiste por la recuperación de los montos que exceden dicho tope. La Corte Suprema de Justicia ha suspendido los cobros de tasas a través de esta institución, mientras los ciudadanos reportan la imposibilidad de retirar efectivo en cajeros automáticos.

Ante la emergencia, el presidente Peña ha cancelado su agenda internacional y ha coordinado con el Congreso el tratamiento de un proyecto de ley para autorizar el uso del Fondo de Garantía y agilizar los pagos a los afectados. Mientras el gobierno intenta contener el temor a un efecto contagio en otras instituciones bancarias, las investigaciones se centran en posibles deficiencias de supervisión y operaciones crediticias irregulares con empresas vinculadas. El futuro del mandatario depende ahora de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, donde se requiere una mayoría de dos tercios para avanzar con el juicio político, un escenario que marca uno de los momentos más críticos para la administración actual.