La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó para el próximo diez de septiembre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el pastor Ángel Capellán y otro implicado, quienes enfrentan acusaciones de presunto maltrato infantil y trata de personas con fines de explotación laboral en una fundación del municipio Bajos de Haina. El proceso judicial se detuvo para permitir que se conozca un anticipo de prueba respecto a los menores rescatados del recinto y para que la defensa técnica pueda depositar los presupuestos correspondientes a su estrategia legal. Las autoridades informaron que la calificación jurídica preliminar del caso incluye trata de personas para explotación laboral, mientras que el Ministerio Público ha solicitado la imposición de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres.

El caso salió a la luz pública debido a la fuga de un menor de doce años retenido en el lugar, quien acudió a un destacamento policial para denunciar los hechos y señalar directamente a Ángel Gabriel Capellán, de 69 años y conocido como el pastor, como el responsable de someter a los niños a castigos constantes. Conforme al expediente judicial, el operativo de rescate posterior permitió liberar a trece menores con edades entre los tres meses y los trece años que residían en la Fundación Restaurando Vida Un Muerto que Revive, un espacio ubicado en el interior de una finca donde también se encontraban envejecientes vulnerables y personas con discapacidad visual o motora bajo el control del líder religioso. La investigación detalla que los menores sufrían golpes, quemaduras en las manos, privación de alimentos, encierro prolongado e imposición de posturas forzadas, además de señalar a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez como presunto cómplice por intentar ocultar a varios de los niños en una vivienda de El Carril tras las detenciones.

Los efectos de esta investigación afectan directamente a los trece menores rescatados, quienes quedaron bajo la absoluta protección de las autoridades tras constatarse que presentaban evidencias físicas y psicológicas de violencia, además de no contar con la debida legalidad para operar. El expediente recopilado por el Ministerio Público revela que la institución no poseía autorización para funcionar como hogar de acogida y que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia ya le había notificado la suspensión de sus actividades desde octubre de 2020 mediante comunicaciones formales y memorándums dirigidos al propio Capellán. Pese a las notificaciones oficiales de clausura y prohibición de operar emitidas años atrás, el centro continuaba albergando tanto a menores como a otras personas vulnerables bajo la dirección del pastor.

El desarrollo del proceso judicial se mantiene pendiente de la realización de la próxima audiencia programada para el diez de septiembre en San Cristóbal, fecha en la que se evaluarán formalmente los elementos probatorios y los presupuestos presentados por la defensa. Por su parte, la parte acusadora formalizó su solicitud de medida de coerción detallando cargos relacionados con la ley sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, así como violaciones al Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes sobre los documentos, pertenencias y actas de nacimiento halladas en el recinto que corresponden a personas que no se encontraban físicamente en el lugar al momento de los allanamientos.