Durante la tercera entrega del foro RD Debate, organizado por El Nuevo Diario y el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, los juristas José Martínez Hoepelman y Miguel Valerio expusieron posturas críticas sobre el manejo actual de los delitos de palabra en la legislación dominicana. Hoepelman abogó por la despenalización de las expresiones relacionadas con asuntos del Estado y temas de interés público, argumentando que la protección de la libertad de expresión es un pilar fundamental para fortalecer la democracia. Por su parte, Valerio cuestionó la aplicación de penas de prisión por difamación e injuria, sugiriendo que estas medidas actúan como un mecanismo de coacción que inhibe el debate público.

El contexto de estas declaraciones se enmarca en las discusiones actuales sobre el nuevo Código Penal, el cual introduce distinciones específicas para expresiones vinculadas a casos de interés público. Mientras Hoepelman sostiene que el derecho penal debería enfocarse exclusivamente en aspectos de la vida privada, alejándose de la tendencia de criminalizar la crítica a la gestión pública, Valerio propone un esquema de sanciones económicas progresivas. Este último enfatiza que, aunque el derecho al honor es un bien jurídico protegido, la imposición de penas privativas de libertad genera un efecto disuasorio que limita el ejercicio ciudadano de opinar y cuestionar.

La propuesta de los juristas busca establecer un equilibrio entre el derecho al honor y la libertad de expresión, evitando que el sistema judicial sea utilizado como una herramienta para restringir la crítica. Valerio aclaró que, si bien existe el derecho a la crítica y a la opinión, esto no exime a los ciudadanos de responsabilidad al realizar imputaciones de hechos delictivos sin pruebas, como acusaciones de corrupción o apropiación de recursos. En este sentido, ambos expertos coinciden en que el sistema debe evolucionar para evitar que las normas penales se conviertan en un obstáculo para la transparencia y el escrutinio de la administración pública.

Actualmente, el debate sobre la reforma del Código Penal mantiene abierta la discusión sobre el tratamiento de la difamación y la injuria. Mientras se analiza la viabilidad de fortalecer la responsabilidad civil mediante indemnizaciones efectivas, persiste la preocupación sobre la eficacia de las penas actuales, que en muchos casos terminan en suspensiones judiciales. El desafío para las autoridades legislativas radica en definir con precisión los límites entre el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y las conductas que ameritan una sanción, garantizando que el marco legal no sea empleado para silenciar el debate social.