Durante el espacio RD Debate, organizado por El Nuevo Diario y el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, los juristas Miguel Valerio y José Martínez Hoepelman presentaron propuestas para modificar el abordaje legal de los casos de difamación e injuria. Valerio planteó que el sistema actual, que contempla penas de prisión, genera un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y el debate público. Por su parte, Hoepelman sugirió que los conflictos relacionados con asuntos de la vida pública deberían ser excluidos del ámbito penal para evitar que el ejercicio de la comunicación se convierta en una amenaza constante de procesos judiciales prolongados.

El abogado Miguel Valerio argumentó que la justicia debería implementar un modelo progresivo de sanciones, donde las multas económicas sean la respuesta inicial ante una infracción, reservando la privación de libertad exclusivamente para casos de reincidencia o situaciones de gravedad extrema. Valerio enfatizó que, aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, esta no ampara la atribución de actos delictivos o de corrupción sin fundamentos. Asimismo, criticó que las disposiciones penales actuales no distingan adecuadamente entre una primera falta y una conducta repetitiva, sugiriendo además fortalecer la vía civil para garantizar indemnizaciones que realmente reparen el daño al honor.

En una línea similar, José Martínez Hoepelman cuestionó la duración de los procesos penales, los cuales pueden extenderse hasta seis años, afectando gravemente a los comunicadores. El jurista propuso la creación de una jurisdicción especializada o el uso de juzgados de paz para resolver estas controversias de manera más ágil y sencilla. Hoepelman subrayó que el Estado debe encontrar un equilibrio que permita sancionar conductas nocivas, como la extorsión a través de medios de comunicación, sin que las medidas adoptadas terminen afectando de manera general el ejercicio de la libertad de comunicación en el país.

Ambos juristas coincidieron en la necesidad de modernizar el sistema judicial para ofrecer respuestas más eficientes a los ciudadanos que buscan proteger su reputación. Mientras Valerio aboga por un sistema de multas que evite el temor a la cárcel, Hoepelman insiste en la urgencia de mecanismos judiciales rápidos que eviten que los involucrados permanezcan años bajo la condición de acusados. El debate, moderado por Eduardo Saint Hilaire y conducido por Jaime Rincón y Víctor Gómez Casanova, puso sobre la mesa la urgencia de reformar las normativas vigentes para garantizar un balance entre el derecho al honor y la libre expresión.

Actualmente, las propuestas se mantienen en el plano del debate público y académico, sin que se haya formalizado una modificación legislativa específica que recoja estas sugerencias. El encuentro, transmitido por una amplia red de medios nacionales encabezada por RTVD, evidenció la preocupación de los expertos ante la insatisfacción que generan las penas suspendidas y la ineficacia de las decisiones judiciales actuales. El futuro de estas iniciativas dependerá de la voluntad de los legisladores para transformar el marco legal de la difamación e injuria en la República Dominicana.