La Dirección General de Impuestos Internos ha iniciado el proceso de renovación del marbete para el periodo 2026-2027 con un incremento en las tarifas que oscila entre los 500 y 1,000 pesos. Esta medida, que entró en vigor el pasado jueves 29 de octubre, establece que los vehículos fabricados hasta el año 2021 deberán pagar 2,000 pesos, mientras que los modelos de 2022 en adelante tendrán un costo de 4,000 pesos. Este ajuste representa un aumento del 33.3 % respecto a los montos que se aplicaban anteriormente, lo que ha desencadenado una fuerte controversia en el ámbito legislativo y social.

El conflicto político se ha centrado en la justificación de este incremento. Por un lado, legisladores del Partido Revolucionario Moderno y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, han defendido la medida argumentando que estaba contemplada en el proyecto anticrisis aprobado por el Congreso Nacional hace algunos meses y que es necesaria para la estabilidad económica. Sin embargo, existe una discrepancia técnica, ya que aunque la Ley 30-26 sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico menciona la normativa del marbete, no establece de forma expresa una modificación en las tarifas, lo que ha sido señalado por diversos sectores.

La oposición, representada por figuras como la diputada Selinée Méndez, el senador Omar Fernández y legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, ha calificado este aumento como un golpe directo a la economía de la clase media. Los críticos sostienen que la medida se suma a una serie de alzas en servicios básicos, combustibles y productos de la canasta familiar, lo que incrementa la presión financiera sobre los hogares dominicanos. Además, sectores de la Fuerza del Pueblo han cuestionado que el Gobierno utilice la inflación como mecanismo para actualizar los impuestos, calificando la estrategia como una reforma fiscal aplicada de manera gradual.

Mientras el oficialismo insiste en que los recursos obtenidos son vitales para la inversión pública y la sostenibilidad fiscal, la oposición mantiene su postura de rechazo, exigiendo mayor sensibilidad ante la situación económica actual. El proceso de renovación del marbete se mantendrá vigente hasta el 31 de enero de 2027, periodo durante el cual se espera que continúe el debate sobre la pertinencia de estas cargas impositivas y su impacto real en el presupuesto de los ciudadanos.