Tribunal dicta 30 años de prisión a cabo de la Armada por asesinato de médico en Santiago
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago dictó una sentencia de 30 años de prisión contra Víctor Manuel Saldaña Hernández, cabo de la Armada de República Dominicana, tras declararlo culpable del asesinato del médico Enrique Antonio Espinal Castillo. El tribunal determinó que el militar planificó y ejecutó el crimen en una vivienda ubicada en el barrio Los Guandules, perteneciente al distrito municipal Hato del Yaque, en la provincia de Santiago.
De acuerdo con las investigaciones presentadas durante el proceso judicial, que se extendió por aproximadamente dos años, el condenado golpeó al galeno en el cráneo y el rostro hasta provocarle la muerte. Posteriormente, Saldaña Hernández introdujo el cadáver en el baúl de la yipeta Hyundai Tucson propiedad de la víctima para trasladarlo hasta unos terrenos baldíos en Sabana Grande de Palenque, provincia de San Cristóbal, donde el cuerpo fue hallado en agosto de 2024. Las autoridades lograron recuperar el vehículo en un taller mecánico, lugar al que el sentenciado lo habría llevado para realizar reparaciones tras cometer el hecho.
Este caso generó una profunda indignación tanto en la comunidad médica como en la sociedad santiaguera, debido a la brutalidad del suceso y la condición de militar del victimario. La sentencia es vista como una respuesta del sistema judicial ante un crimen que conmocionó a la opinión pública, marcando un precedente en la búsqueda de justicia para los familiares de la víctima, quienes contaron con el respaldo del Ministerio Público durante el juicio.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó al condenado el pago de una indemnización de cuatro millones de pesos a favor de los familiares de Espinal Castillo. La acusación formal también estableció que, tras quitarle la vida al médico, Saldaña Hernández procedió a despojarlo de una suma significativa de dinero, agravando los cargos en su contra. Con este fallo, el sistema judicial dominicano concluye la etapa de juicio de fondo, estableciendo la responsabilidad penal del cabo de la Armada por los actos cometidos.



